La Secretaría de Energía, que conduce Gustavo Lopetegui, decidió dividir en tres el aumento del 29% en las tarifas de gas para atenuar el impacto inflacionario y no alimentar el malhumor social en plena etapa electoral, aunque la jugada tendrá un costo de 4.500 millones de las arcas nacionales que irán directo a las empresas gasíferas y distribuidoras.

El aumento empezará a regir el próximo lunes y se aplicará en tres cuotas: 10% en abril, otro 9,1% en mayo y el 7,5% restante en junio. Pero las empresas cobrarán el 29% desde el principio y será el Estado el que se haga cargo de la diferencia hasta que el ajuste se aplique de manera plena. Esto es así porque el marco regulatorio no contempla la posibilidad de aplicar en cuotas el ajuste semestral.

La idea del Gobierno es tratar de atenuar el impacto inflacionario en los meses de campaña electoral. En ese sentido, Energía ya había anunciado que en los meses de junio, julio, agosto y septiembre los usuarios recibirán la tarifa con un descuento de 22%, que luego deberán abonar en el verano cuando el consumo de gas disminuye. Es por eso que el 7,5% de junio en realidad no se aplicará, sino que simplemente se sumará a la deuda del Estado con las firmas energéticas.

La novedad es que el Gobierno deberá desembolsar 4.500 millones para compensar a las empresas con estas medidas de carácter netamente electoral. Se trata de una cifra importante en el contexto del fuerte ajuste de las arcas públicas para tratar de llegar al déficit cero acordado con el FMI. De hecho, desde Hacienda y Energía comunicaron a este medio que no tenían claro todavía de dónde recuperarán esos 4.500 millones de pesos que no estaban previstos para evitar un escollo a las metas fiscales.

De esa cifra, $2.000 millones corresponden a la decisión de aplicar la suba en cuotas, en contra de lo que sostiene la resolución del Enargas. Es decir, que por una boleta que hoy es de $1.000, las empresas deberían empezar a cobrar $1.290 en abril. Pero los usuarios pagarían $1.100 el mes próximo y $1.200 en mayo. Esa parte que no percibirán las compañías, la pondrá el Estado.

Los 2.500 millones restantes corresponden al descuento de 22% que se aplicará en los meses de invierno, y que según la Secretaría de Energía servirá para que los usuarios tengan un "aumento cero" en el precio del gas en el período de mayor consumo. 

El Gobierno pondrá esos 2.500 millones de pesos en concepto de intereses (que no traspasa a los usuarios como en algún momento propuso el ex secretario Iguacel) para resarcir a las empresas de lo que cobren menos durante el período invernal. Todo sea por no agrandar el malhumor electoral.

En rigor no es un descuento si no una postergación, ya que ese "descuento" se pagará desde diciembre, es decir después de las elecciones. De esta manera, el Gobierno patea el problema para adelante, donde habrá un fuerte impacto cuando tenga que pagarse la tarifa plena.

En primer lugar, a partir de noviembre (por las boletas de octubre) se deberá pagar este 29% de manera directa, más el aumento correspondiente al segundo semestre del año, que a raíz de los niveles de inflación y de variación del tipo de cambio que estamos observando, se estima que no tendrá una incidencia menor. 

Si bien el Gobierno analiza postergarlo a diciembre para no tener que anunciarlo justo antes de las elecciones, lo único que lograría es retrasar el impacto en el bolsillo de los usuarios durante dos meses. Es que a su vez, a partir del último mes del 2019 también se deberá abonar el mencionado "descuento" del 22%.

Por lo tanto, al sumar ambos incrementos anuales junto con el "diferimiento" del 22%, la suba acumulada superaría cómodamente el 100% aún bajo un escenario optimista que no contemple un descontrol cambiario.